En la Alta Guajira, la sed no da espera. Líderes indígenas de las comunidades de Irraipa, Bahía Honda y Puerto Estrella han lanzado un SOS a la Procuraduría General de la Nación. Su reclamo es claro y urgente: que no se detenga la construcción de tres plantas desalinizadoras prometidas por el Gobierno Nacional. Estas obras, vitales para la supervivencia en el desierto, se encuentran en un limbo administrativo tras decisiones recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La espera ha sido larga. Desde 2018, estas comunidades Wayuu han aguardado por una solución definitiva a la escasez de agua. El proyecto actual contempla tecnología de punta, utilizando energía solar para potabilizar el agua del mar, una solución sostenible y necesaria para una geografía agreste. Sin embargo, la parálisis de las obras amenaza con dejar nuevamente a miles de familias dependiendo de carrotanques y pozos artesanales salubres, vulnerando sus derechos fundamentales.
Los líderes David Rodríguez, Julián Carreño y Misael Freyle han elevado su voz no solo para pedir cumplimiento, sino para exigir dignidad. El agua potable es la base de la vida y el desarrollo en la Guajira. Su llamado a los entes de control busca desbloquear la burocracia y garantizar que las promesas estatales se conviertan en realidad líquida para un pueblo que lleva años sobreviviendo a la sequía y al olvido.
