El sistema de derechos de autor en Colombia enfrenta una amenaza creciente: la actuación irregular de ciertos gestores individuales. Un reciente fallo judicial contra el municipio de Cúcuta ha puesto nuevamente el dedo en la llaga, evidenciando cómo entidades no autorizadas emiten paz y salvos inválidos para espectáculos públicos. Esta práctica, calificada por expertos como un “cáncer” para el gremio, desvía recursos que legítimamente pertenecen a los compositores hacia bolsillos de intermediarios que no representan el catálogo real de las obras ejecutadas.
El problema radica en vacíos interpretativos de la ley y en la falta de rigor de algunas autoridades locales al otorgar permisos. Gestores individuales, amparados en sentencias antiguas, realizan una “gestión colectiva impropia”, cobrando tarifas irrisorias a empresarios que buscan abaratar costos, sin importar que ese dinero nunca llegue al autor de la canción. SAYCO ha sido enfático: nadie puede licenciar lo que no le pertenece. La entidad mantiene una lucha jurídica constante para frenar estas irregularidades que vulneran el sustento de miles de familias de artistas.
La solución requiere un compromiso conjunto. SAYCO exhorta a alcaldes y comandantes de policía a verificar rigurosamente la validez de las licencias antes de autorizar eventos, tal como lo exige la Ley 1493. Proteger el derecho de autor no es solo un tema legal, es un deber ético con la cultura. Mientras se tramitan nuevas leyes para cerrar estas brechas, la vigilancia y la legalidad son las únicas herramientas para asegurar que la música siga siendo una profesión digna y sostenible en Colombia.
